El “sicariato político” amenaza la región

El reciente asesinato de una autoridad municipal en el cantón Yaguachi (caso Maridueña-Aguilar), pone en alerta sobre el sicariato político, que mira a funcionarios de gobiernos seccionales y otros.

El asesinato, aparentemente cometido por asesinos conocidos como sicarios, esto es que actúan por una paga a fin de cometer el crimen, del alcalde del cantón Palestina, da cuenta de que este tipo de crimen organizado que en los últimos meses se ha recrudecido en el país y muy especialmente en el Litoral, dejaría de tener como blancos de los mismos a ciudadanos comunes, y apuntaría a diversas autoridades, como este caso del personero edilicio.

Hace unos meses, fue asesinada mediante el mismo sistema la esposa de un asambleísta, aunque hasta ahora no se han descubierto vínculos entre su actividad política y el crimen, es evidente que en este caso de muertes tiene que haber un nexo entre los móviles de los crímenes y el accionar de dignatarios públicos.

De otra parte, varios alcaldes del Guayas han manifestado, a raíz de este último crimen, que han sido amenazados de diversa forma, y por lo tanto solicitan al Presidente de la República y al Ministro que tiene que ver con la seguridad interna que tomen cartas en el asunto, a fin de defender su integridad de la acción del malhechores que eventualmente, pretendan acabar con sus vidas como lo han hecho con su colega de Palestina.

De igual manera, se ha pronunciado el presidente de turno de la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades, AME, ante este delito que ha conmocionado a los mandos edilicios, no solamente de cantones del la costa, sino del país entero, porque este funesto precedente pudiera significar inminente peligro para otros personeros municipales.
Para nadie es desconocido que intereses en juego, que pudieran afectar ciertas actividades no siempre lícitas en cualquier ciudad y población del territorio nacional, ahora, en lugar de limitarse a las protestas o amenazas de parte de los supuestos afectados con medidas o decisiones municipales o de otras autoridades, pueden pasar a los hechos, esto es valerse del recurso de contratar asesinos a sueldo para quitar de en medio a la autoridad molesta para sus intereses.

La criminalización de determinadas posturas opuestas a una administración bien pueden desembocar en crímenes como el comentado. Por lo tanto, el Gobierno y los organismos encargados de la seguridad interna, tienen la obligación de actuar de inmediato, por un lado brindando protección a las autoridades de gobiernos seccionales que lo requieran, y de otro lado detectando y capturando a los autores materiales e intelectuales de este sicariato político.